domingo, 14 de octubre de 2007

¿Cómo se Comportan los Países de la UE con sus Inmigrantes?

MIPEX compara las políticas europeas en la materia con 140 indicadores
Paula Sánchez-Alciturri Díez

Bruselas (19/10/07).- Ya son más de 20 millones los inmigrantes de terceros países que viven legalmente en los Veintisiete. ¿Cómo se comporta la UE con ellos? Según el índice de políticas de integración de inmigrantes (MIPEX, en sus siglas en inglés), las normas españoles en la materia son "parcialmente favorables", sobre todo en lo que se refiere al acceso al mercado laboral, apartado en el que la nota del Estado miembro es de las más altas de la Unión Europea. En todo caso el estudio revela que Europa 'necesita mejorar' si quiere brindar a los inmigrantes buenas oportunidades.

¿Como se Comportan los Paises de la UE con sus Inmigrantes?

Las notas comunitarias varían considerablemente de un Estado miembro a otro, como viene siendo habitual cuando se trata de inmigración. El mejor alumno de la clase es Suecia -según el estudio dirigido por el British Council en el que han participado instituciones, universidades, centros de investigación, ONG y entidades de todos los Estados miembros-, con la política más flexible de la Unión, y en las últimas filas se encuentran los países del Este: Letonia cierra la clasificación, aunque el país comparte con Grecia, Chipre y Austria el dudoso honor de suspender todas las categorías analizadas.

Éstas están relacionadas con las seis áreas prioritarias de la integración - acceso al mercado laboral, reagrupación familiar, permisos de residencia permanentes, participación política, nacionalizaciones y discriminación-, y los resultados dependen de las respuestas individuales a 140 indicadores. Además, el estudio tiene en cuenta a 28 países entre los que se encuentran todos los de la UE menos los dos últimos en subirse al carro comunitario (Rumanía y Bulgaria) además de Noruega, Canadá y Suiza.

En términos generales, España se sitúa en décimo puesto -por detrás de Suecia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Canadá, Italia, Noruega y el Reino Unido en políticas de integración. Los últimos puestos de la fila se los reparten, respectivamente, Letonia, Chipre, Austria, Grecia y Eslovaquia. Así todo, salvo Suecia, ningún país se libra de las recomendaciones en este estudio que tiene palabras para todos.

Ahora los Estados miembros tienen dos años para aplicarse si quieren que los resultados del próximo análisis sean mejores.

El caso español

En el caso de España el informe reclama a sus autoridades que definan mejor lo que se considera prácticas racistas y discriminatorias, que se aplique mejor la legislación contra la discriminación y se impulsen políticas de igualdad más eficaces. De todos modos, el estudio revela que las políticas españolas en materia de inmigración han mejorado bastante en los últimos años y sitúa al Estado miembro -junto con Portugal- en un segundo puesto en cuanto al acceso al mercado de trabajo. Los resultados en las demás áreas no son tan positivos; en concreto España tendría que mejorar, y mucho, para favorecer la participación política de los nueva población.

España podría ser ejemplo para el resto de la UE por su forma de garantizar el empleo y los derechos vinculados a él (seguridad social, derecho a paro...) de inmigrantes, pero aún así el informe destaca que poniendo en marcha "leves mejoras" en sus normas sobre elegibilidad y medidas para la integración en el mercado laboral -dos categorías en las que se sitúa la segunda de la clasificación-, podría mejorar el acceso laboral. Además, urgen al Gobierno a marcar objetivos políticos para reducir el desempleo entre los inmigrantes y mejorar sus capacidades lingüísticas y su información laboral.

Dentro de esta área, según el análisis en España la mayoría de los permisos de trabajo se renuevan y los inmigrantes pueden quedarse para buscar un nuevo empleo si su contrato ha terminado. También pueden afiliarse a sindicatos y cambiar rápidamente de trabajo, profesión o estatus laboral. Por otra parte, la población española (como la de otros siete Estados miembros), se muestra a favor de deportar a los inmigrantes sin empleo.

Los análisis de otras áreas muestran que en España los inmigrantes pueden acogerse al principio de reagrupación familiar sólo después de contar con un permiso de residencia de un año y un contrato laboral de la misma duración. Sin embargo las normas son menos duras en otros puntos y los extranjeros no tienen que someterse a un examen sobre integración, aunque sí estén obligados a garantizar su solvencia económica para encargarse de la subsistencia de los familiares que pretendan traer a España.

Para mejorar esta situación, el informe señala que si el Gobierno español "les concediera garantías legales y oficinas para remitirse a ellas en caso de que su solicitud sea rechazada o su permiso retirado", las familias que logran reunirse en el país de acogida gozarían de una "mayor seguridad de su estatus". Estas medidas de reagrupación familiar cuentan con el apoyo de tres de cada cuatro españolesEn cuanto al permiso de residencia permanente, los inmigrantes pueden lograrlo en España después de cinco años -un buen resultado en comparación con otros países-. Este permiso les equipara en derechos a los españoles en cuanto al empleo, seguridad social y vivienda, pero no en el libre movimiento. Aún así, desde 2004, sí pueden abandonar el país sin perder sus derechos durante un periodo de un año (antes era de seis meses).

VIA – AquiEuropa

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