Medio siglo ha bastado para cambiar el rostro del Viejo Continente: de territorio de emigraciones y exilio tras la Segunda Guerra Mundial a convertirse en El Dorado para los inmigrantes. Ahora, a comienzos del siglo XXI, Europa sufre una nueva mutación: de tierra de acogida a fortaleza inexpugnable.
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el miércoles 18 de junio el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que prevé internarlos por un periodo máximo de hasta 18 meses en casos excepcionales. En los 27 países que componen la Unión Europea (UE) hay 492 millones de habitantes de los cuales ocho millones se encuentran de manera ilegal. Las reacciones desde América Latina llegaron de inmediato y una de las principales fue la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien advirtió que dejará sin petróleo a los países que apliquen la norma.
Además de las muy complejas disposiciones adoptadas para hacer frente al fenómeno de la delincuencia internacional, la trata de personas o el terrorismo, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que hay que ser más exigentes: en control de fronteras, en gestión en común de medios y en nuevos dispositivos para controlar a los inmigrantes temporales que acceden al territorio comunitario.
El texto aprobado recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo (PPE), los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda, aunque Manfred Weber, el ponente y derechista alemán, acusó al gobierno español de ser uno de los principales promotores de la norma, algo que el Ministerio del Interior ha negado.
La norma entrará en vigor en 2010 después de su publicación oficial.
Claudio Fava, eurodiputado socialista italiano, y uno de los más críticos ante la aprobación de la ley, declaró: “Europa tiene miedo, este es un día triste. No se puede actuar de una manera tan drástica con los inmigrantes. La Unión argumenta que es para atacar el crimen organizado, la delincuencia, para que Europa esté más segura, pero no se puede generalizar, sencillamente no se puede. Es una humillación, estamos creando una categoría inferior de seres humanos”.
En su campaña electoral, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a apoyar a la inmigración. De hecho, en su primer mandato, regularizó 600 mil extranjeros. Al parecer, contrario a su discurso y según lo expuesto por Manfred Weber, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero fue uno de los principales promotores para endurecer la norma.
Cuando al eurodiputado derechista se le preguntó por qué la derecha no había aceptado algunas de las propuestas socialistas, entre ellas las que pedían un control judicial de los detenidos a las 72 horas, Weber fue tajante: “Pregúntele al ministro de Interior español (Alfredo Pérez Rubalcaba). Queríamos adoptar una posición más progresista, pero en el Consejo de los Gobiernos dijeron que tenían muchos problemas para aceptarlo. No es justo que los socialistas expresen muy buenos deseos en el Parlamento y luego los gobiernos socialistas hagan una presión muy fuerte en el Consejo para endurecer la directiva.
Entre las medidas de la nueva directiva, la más polémica es la que permite prolongar el tiempo de reclusión de los “sin papeles” hasta un máximo de 18 meses. Antes era 12.
En España, el plazo máximo de retención actual es de 40 días, por lo que la ampliación ha sido calificada de “desproporcionada” por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Estamos hablando de una infracción administrativa, no de un delito”, dijo Mauricio Valiente, secretario general de CEAR. Otro de los puntos más polémicos es que los inmigrantes menores de edad podrán ser expulsados a países que no sean el suyo.
Una de las ideas que más expectación ha despertado es la creación de un registro de entradas y salidas de nacionales de terceros países, que usaría técnicas biométricas de identificación y al que estarían sometidos todos los inmigrantes que lleguen a la UE para lapsos breves, de hasta tres meses.
Para periodos más largos existen ya normas específicas. El sistema registraría información sobre el momento y lugar de acceso del inmigrante al espacio comunitario y la duración autorizada de la estancia, y contaría con la capacidad para transmitir a las autoridades competentes de todos los Estados miembro cualquier irregularidad. Este sistema debería comenzar a operar en 2015.
Para Icíar Ruiz Jiménez, presidenta de Amnistía Internacional en España, la nueva ley “es el peor de los escenarios posibles para los derechos humanos de los inmigrantes, es una directiva que ha consagrado finalmente un claro recorte de los derechos de los inmigrantes. Realmente hoy es un día muy triste para Europa, y AI quiere recordar que el derecho de los Estados de controlar la inmigración no puede ser a costa de los derechos humanos”.
José Antonio López. Madrid
VIA- milenio.com
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