Alfonso Carlos Cobo Espejo
Bruselas (9/07/08).- Sergio Carrera, investigador y responsable de la sección de Justicia y Asuntos Interiores del Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS), ha analizado para Aquí Europa la nueva política de inmigración de la Unión Europea. En su opinión, con medidas como el pacto europeo de inmigración y asilo, se produce una tendencia restrictiva de la política de inmigración europea basada sobre todo en los controles fronterizos y en la entrada prioritaria de inmigrantes altamente cualificados.
P- Con la aprobación de la directiva de retorno, la tarjeta azul... ¿Hacia dónde se encamina la política de inmigración de la Unión Europea?
R- La política de inmigración tiene un doble sentido. En primer lugar, está encaminada a incrementar la seguridad de los Estados miembros mediante un aumento del control fronterizo, un mayor control de los movimientos de los calificados como inmigrantes irregulares. Asimismo, pretende lograr una mayor seguridad a la hora de devolver a esta gente a sus países de origen o de tránsito. En segundo lugar, la tarjeta azul da prioridad a las necesidades de los mercados de trabajo en la UE, aquellas que se perciben en términos demográficos (envejecimiento de la población europea). Esta tarjeta desarrolla una política de inmigración selectiva que simplemente ofrece vías legales de entrada y de trabajo a aquellos inmigrantes que "caen" dentro de la definición de altamente cualificados y que cubren determinadas lagunas en los mercados de trabajo de los Estados miembros. En mi opinión, en la política de inmigración priman dos perspectivas: seguridad e intereses económicos de los Veintisiete.
P- ¿Significa esto que habrá una inmigración "a la carta" en la UE?
R- Exactamente. Pienso que es una política de inmigración de naturaleza selectiva, que va a propiciar sólo la entrada, residencia, acceso al trabajo e integración de aquellos inmigrantes que se consideren beneficiosos y que no supongan una amenaza para los sistemas sociales de los Estados miembros o para la seguridad de los Veintisiete.
P- ¿Qué criterios cree que van a utilizar los países de la UE para definir esta política?
R- Criterios nacionales, a pesar de las directivas europeas que se han adoptado ya y de las propuestas que hay encima de la mesa. La realidad es que los Estados miembros protegen todavía celosamente su competencia exclusiva en materia de inmigración. Las prioridades en política de inmigración se determinanen relación con los factores y las necesidades que se perciben en cada Estado miembro, de acuerdo con su economía y su mercado de trabajo.
P- Francia, España y Alemania han llegado a un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Inmigración. El Gobierno español se ha congratulado de que en él se recoja su modelo de inmigración (se ha suprimido, por ejemplo, el polémico contrato de inmigración). Las modificaciones introducidas,¿son sólo un cambio de palabras o también lo son de intenciones?
R- Se han cambiado algunas palabras. Según he creído entender, han quitado la palabra "contrato" del pacto, lo cual es un cambio importante y positivo porque Francia quería introducir en Europa su modelo nacional de inmigración e integración. Este modelo utiliza el contrato a la hora de tener acceso a la residencia de larga duración y también a la hora de disfrutar del derecho de reunificación familiar. Sin embargo, las prioridades del pacto siguen siendo prácticamente las mismas, es decir, los dos enfoques que he mencionado anteriormente: seguridad e intereses económicos de los Veintisiete. Se propone más de lo mismo: más seguridad en las fronteras, argumentando que eso puede ser la solución a la inmigración irregular, cuando todo el mundo sabe que eso es una mentira bastante gorda.
P- ¿No habrá entonces contrato para inmigrantes?
En el pacto no tenemos contrato, pero tenemos una alusión bastante clara a la necesidad de los inmigrantes de integrarse dentro de lo que se considera, no sé por quién, identidad europea. No sé realmente a qué se refieren cuando se dice que los inmigrantes tienen la obligación de integrarse en la identidad nacional de los Estados miembros y en la identidad europea. El caso de España es, en este sentido, bastante representativo. En nuestro país no hay una identidad nacional compartida y homogénea, por lo que creo que exigir una identidad a los inmigrantes es bastante criticable de acuerdo con la realidad social. Creo que es complicado definir qué es la identidad europea y cuáles son los valores europeos. Por lo tanto, considero que esta obligación de teneruna identidad europea es una medida restrictiva como condición para los inmigrantes a tener acceso a derechos. Creo que es un ejemplo más de esta tendencia restrictiva de la política de inmigración europea y de determinados Estados miembros.
P- ¿Prima el interés económico sobre la situación del inmigrante?
R- Creo que sí. Además de eso, en el tema de integración prima una idea imaginaria de lo que es Europa, que depende mucho de la ideología desde donde se enfoque esa idea, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Abre debates sobre si este uso de la integración como medida de control migratorio es realmente un mecanismo de inclusión o de exclusión. Puede ser también un tema relacionado con la ampliación porque muchas voces han dicho que la definición de una identidad europea sirve para excluir a países como Turquía. Si la estrategia que persiguen los Estados miembros no es sólo un mecanismo de exclusión para todo aquel que cumpla con lo que sería la identidad europea, sino también una estrategia para frenar la ampliación de la UE, creo que deberían ser más transparentes a nivel público.
P- ¿Cuál es el balance que hace sobre este pacto?
En mi opinión, el pacto europeo presenta líneas generales de hacia dónde se desarrollará la política de inmigración europea, en lugar de medidas concretas. Además, son muy poco innovadoras. La mayoría de ellas son prioridades y políticas que ya estaban sobre la mesa o que forman parte del derecho nacional francés.
P- ¿Qué opina sobre las nuevas pautas en materia de regularizaciones?
R- Yo creo que esta iniciativa de prohibir las regularizaciones masivas es bastante hipócrita porque la mayoría de los Estados miembros las han hecho de manera oficial o no oficial. Las regularizaciones suponen una reacción inmediata a una realidad social. En el caso de España, por ejemplo, tuvieron consecuencias positivas, y se llevó a cabo dentro de unos criterios bastantes restringidos. Fue algo positivo porque todos los inmigrantes que estaban en una situación irregular pasaron a ser reconocidos como trabajadores y, por tanto, comenzaron a contribuir al sistema social. Alemania, uno de los Estados miembros que tanto criticó las regularizaciones de España, también se vio obligada a hacer una.
P- La UE piensa que la directiva de retorno es el primer paso hacia una política común de inmigración. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado que esta directiva puede restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los inmigrantes. ¿Qué opina al respecto?
R- El mensaje que llega, tanto a América Latina como al resto de los países implicados, es que hay un marco disperso dentro de la Unión Europea. Cada Estado miembro presenta sus propios modelos de inmigración, sus propias legislaciones. La UE está intentando encontrar puntos donde todos los Estados miembros puedan tener una visión común, cuestión bastante complicada de alcanzar. Y dónde hay normalmente una visión unánime: en temas de seguridad, en la visión de la inmigración como algo inseguro, ilegal y que genera delincuencia, y que, por tanto, necesita ser prevenido, ser controlado de una determinada manera. Esa es la realidad. Creo que este es el mensaje que están dando. Si éste mensaje no es el que quieren dar, tendría que haber un cambio significativo de enfoque y de prioridades en las políticas, algo que a día de hoy no existe.
P- ¿Cuáles podrían ser esos cambios?
R- La política podría consistir en conceder derechos a los inmigrantes que ya están aquí, que haya medidas encaminadas realmente a la inclusión de los inmigrantes legales y de los irregulares que ya están dentro de Europa. Temas como el acceso al empleo y el reconocimiento de un inmigrante como trabajador deberían ser preferentes a aquellos que versan sobre inseguridad y criminalidad. La UE tiene que ser fiel a las políticas que está desarrollando, dar un mensaje claro y leal de lo que está sucediendo, y no mandar mensajes equívocos sobre la naturaleza de las políticas europeas de inmigración, donde prima sobre todo la seguridad de los Estados miembros. Por mucho que los políticos digan que las prioridades están encaminadas a conceder derechos y a promover la inmigración legal, cuando miras realmente las políticas migratorias, tanto a escala nacional como europea, te das cuenta de que las prioridades son otras.
VIA - AquiEuropa.com
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